Un ajuste para perpetuar el enchufismo.

Entre los funcionarios cunde la idea de que el gobierno andaluz ha actuado por venganza contra la compaña de denuncias.

  

 El Sr. Griñan, Valderas y Sra. Aguayo.....siguen ERE, que ERE con la  demagogía juntera ....... el EMPLEO PÚBLICO, unico que legalmente se puede pagar con capitulo I y que garantiza la seguridad jurídico pública y la legalidad vigente, es al que se accede por Oferta de Empleo público y de acuerdo con nuestro ordenamiento juridico administrativo público vigente, previo cumplimiento de los articulos 14 y 23.2 de la Constitución,( principios de igualdad, merito y capacidad con publicidad,

 

Legalmente  los 5.000 millones de euros que cuesta la Administración paralela, no es EMPLEO PÚBLICO, sino personal laboral privado ("personal subrogado"), dedocrático y clientelar y legalmente su único contenido real de trabajo en una Administración pública es la "simple ejecucion material,  so pena de incurrir en delitos de usurpación de funciones públicas. No es puede actualmente mantener las nóminas de mas 26.000 personas (= Agencia de colocación partidista y clientelar); una estructura elefantistica del sector público andaluz, Agencias y demas,  innecesaria, sobredimensionada y que los Andaluces, dada nuestra grave situación financiera y de déficit público,  no podemos  mantener ni sufragar.

 

Interrogante jurídicos, que nuestros gobernantes deben conocer,simplemente resulta del cumplimiento de las normas.....

• ¿Hay malversación de caudales públicos cuando se pagan nominas dentro del capitulo I de personal que legalmente no es Empleado Publico?

•  ¿Los ciudadanos y los ciudadanos-empleados públicos tenemos que sufragar una Administración paralela, Sector Publico Andaluz,  ilegal, dedocratica y  clientelar, con parte de nuestras nóminas y  dinero público de todos los andaluces ?????

• Si legalmente, el personal "subrodrado" (contratado laboral privado)  sólo pueden hacer ejecuciones materiales,  y carecen se habilitación legal para el ejercicio de competencias y funciones públicas, so pena de incurrir en  delitos de usurpación de funciones públicas, tipificados en el Codigo Penal; ¿Por que se garantizan el pago de estas nóminas con dinero público de todos las ciudadanos?

   

Gracias compañero por el envio y enlace.

http://www.abcdesevilla.es/20120520/andalucia/sevi-ajuste-para-perpetuar-enchufismo-201205192306.html

Y comentario de la EXPA alternativa, gracias.

¡¡Que no te engañen!!! Te recortan el sueldo y tus logros sociales como funcionario o laboral, pero mantienen a todos los agencializados, apesebrados y enchufados.... tú pagas, tenlo presente y ellos ganan

Un ajuste para perpetuar el enchufismo.

Entre los funcionarios cunde la idea de que el Gobierno andaluz ha actuado por venganza contra la campaña de denuncias

Los funcionarios de la Junta están indignados por el «recortazo» a sus nóminas para ajustar el déficit. Y no se reprimen a la hora de criticar una medida que consideran injusta y una respuesta vengativa y en clave de represalia por la campaña de protestas y denuncias contra la reordenación del sector público a través de la denominada «ley del enchufismo». Un proceso del que se han beneficiado 30.000 trabajadores de la «administración paralela», sin oposiciones, a los que se les garantiza su puesto de trabajo y que, presumiblemente, van a sufrir una merma menor en sus ingresos que la acordada para los funcionarios. Lo que sigue es un muestra de la opinión que tienen los principales afectados por el plan de ajuste.

Aurea Buenosvinos Marín. Administrativa de la Consejería de Economía

Afirma que con la aplicación de todos los recortes su sueldo mensual se puede quedar en poco más de los 600 euros, a la altura del Salario Mínimo Interprofesional. «Nuestra estructura salarial —explica— se compone de sueldo, complemento de destino y complemento específico. En esto último es donde está el dinero, y por eso lo han quitado.

«A nosotros lo que realmente nos fastidia —dice— es que recorten el sueldo para pagar a gente que no debería estar en la Junta. Entendemos que somos unos privilegiados en los días que corren y que tenemos que hacer un esfuerzo, pero la propia Junta lo reconoce en su plan financiero. La justificación de la ampliación del número de horas, que me parece incluso sangrante, es que supondría la desaparición de aproximadamente 30.000 puestos de trabajo. Y cuadra con el número de personas que han metido a dedo. Me parece que nos están metiendo la mano en el bolsillo para pagar a gente que no debería estar aquí».

Afirma que lo ocurrido «nos lo hemos tomado como un castigo, como una represalia por las protestas contra el enchufismo. Deberían tomar medidas contra los que realmente sobran en la Administración. E incluso estamos de acuerdo con el aumento de jornada, porque yo quiero que me den trabajo, porque es una cuestión de dignidad».

Pedro Ruiz. Jefe del Departamento de Gestión de la Red de Espacios Naturales de Andalucía (Rempa)

Los recortes le suponen una merma en sus ingresos de 150 a 200 euros mensuales, «según lo que sabemos de la letra grande, porque luego está la letra pequeña». Con una antigüedad de 22 años, opina que el plan de la Junta recae sobre la parte más débil y «no se mete la tijera en cuestiones que yo siempre vengo reclamando, como es el protocolo, los altos cargos y la cantidad de dinero que se emplea en puestos políticos dentro de la Administración que son absurdos, porque no se consigue ni eficiencia ni eficacia».

«Lo que no se puede es que a nosotros nos reduzcan las nóminas para seguir manteniendo un colectivo que parece que no da a la sociedad nada. Por qué no se da a la oportunidad a los parados andaluces para que puedan hacer una rotación en la Administración», se pregunta.

Y sorprende, apuntó, que no se le haya tocado el sueldo a los parlamentarios andaluces, y que solo se le haya rebajado los ingresos a los altos cargos en un 5 por ciento «cuando sus nóminas son cuatro o cinco veces superior a las de un interino, que sufre una reducción del 15 por ciento y se queda con un sueldo que no da para vivir».

Carmen Bravo. Veterinaria de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Funcionaria del Grupo A, con una experiencia de 24 años, afirma que los efectos en la nómina de los recortes serán una pérdida muy considerable. «Nuestro descontento es porque no está nada claro cómo se va a plasmar todo esto en los contratados de las empresas públicas y las agencias. Como ellos funcionan por convenios no se les puede recortar si antes no se negocia previamente con los sindicatos. Y a los funcionarios nos quitan el dinero a golpe de decreto. No tenemos protección alguna. Hablan de recortes bastantes más cortitos que los nuestros. Y es que precisamente el recorte viene porque quieren evitar que 30.000 personas se vayan a la calle, los que son de las empresas públicas. Y es un empleo que se mantiene sin necesidad, llevamos un año y medio de lucha y hay un montón de sentencias que dicen que este tipo de personal no puede estar en la Administración».

Para Carmen Bravo, la alternativa es clara: Que se cumplan las resoluciones de los jueces para que se paralice la integración del personal externo. «Y luego hay otros sitios donde recortar. Los altos cargos se han bajado el sueldo un 5 por ciento, y ahí está el caso de Francia: un 30 por ciento. Y a los diputados, además de no afectarles el recorte, vienen exigiendo el iPad de última generación y los mejores coches. y cada vez hay más puestos de confianza. La estructura de la consejería no es piramidal es de pirámide invertida, porque hay más gente cobrando como jefes que como indios».

Juan José Caballero Serrano. Administrativo. Funcionario.

En octubre cumple tres años de antigüedad en la Consejería de Economía de Córdoba. Calcula que dejará de ingresar más de 100 euros mensuales, y alrededor del 30 por ciento de las pagas extras. Su sueldo, hasta ahora, rondaba los 1.300 euros al mes, «un poquito más porque soy discapacitado, pero lo habitual para un nivel C está en los 1.100 euros», aclara.

Se queja de que «siempre pagamos los mismos. Cuando las cosas van bien se limitan a subirnos el IPC, y cuando las cosas van mal pagamos nosotros. Si a mí me dijeran que esto para pagar hospitales, estaría bien, pero es para pagar a la gente que tienen enchufada, que hace un trabajo que tendríamos que estar haciendo nosotros. Ha gente en el paro mejor preparada que ellos. Y mientras tanto aparecen cosas como el fondo de reptiles y los ERE fraudulentos».

Carlos Rodríguez Estacio. Profesor de Instituto desde hace 24 años.

Mientras se mantenga el ajuste dejará de percibir anualmente unos 3.000 euros, según sus cálculos, que supone «una pérdida de poder adquisitivo importante y que viene a sumarse a otras congelaciones. Pero en la época de las vacas gordas no vimos beneficios. Somos la categoría a la que más quitan, la A, y con el agravante de ser el colectivo que menos cobra dentro de ese grupo. Es una anomalía que se da en la docencia».

Añade por otra parte Carlos Rodríguez que antes del recorte «yo tenía un sueldo de 2.100 euros netos al mes, lo que me ingresan en el banco. Y tengo una compañera que lleva ocho años en la docencia y cobra 1.700 euros».

Afirma que el sentimiento que hay es «de indignación», y considera que la actitud de IU, socio de Gobierno del PSOE en la Junta, es «muy indefendible». Y al margen de la cuestión económica, opina que a los profesionales «los que realmente más nos deben importar son los recortes en conocimiento, esfuerzo y civismo, que desgraciadamente dominan en la enseñanza desde hace unas décadas».

Rafael Martínez. Grupo C. Trabaja en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Málaga capital.

Afirma que «si sumamos este recorte del 5 por ciento a la misma cantidad que ya sufrimos en 2010, y le añadimos las congelaciones, la subida del IPC..., al final se traduce en una pérdida del poder adquisitivo superior al 20 por ciento, lo cual es bastante brutal. Y hay que tener en cuenta —añade— que somos los funcionarios autonómicos peor pagados de España. Si ya es de por sí injusto que unos cobren más que otros en función de las comunidades en las que residan, lo que no es de recibo es que un funcionario andaluz cobre menos que otro de Murcia, por ejemplo».

Asegura Rafael Martínez que la nueva rebaja lo que busca es mantener «un tinglado de más de 350 entes instrumentales, plagados de gente afín al PSOE. Es toda una red clientelar al más puro estilo tercermundista, como puede existir en México o en Argentina, que nos aleja de la Europa Occidental. Y no tiene nada que ver con una Administración eficiente, moderna y transparente. Es una Administración politizada y enchufista, como puede haber en cualquier república bananera de Sudamérica».

Y además —lamenta— «van a perpetuar el enchufismo. Estamos en un territorio donde han robado 1.500 millones de euros para repartírselo entre intrusos de los ERE falsos. Ha habido un tinglado de despilfarro y de saqueo de las arcas públicas andaluzas, y ahora por nuestras protestas por denunciar el enchufismo nos pegan el palo en el bolsillo. Eso es una venganza y una cobardía. La Administración no puede ser la agencia de colocación del partido político que gobierna», proclama.

Miguel Ángel Mangas. Endocrino del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Entiende que esta rebaja de sueldo va a tener consecuencias muy negativas para la calidad de la sanidad. Y asegura que el recorte va a ser doble. Además de la bajada de sueldo, indica que una parte del salario de los médicos dependía de las horas extraordinarias, que se cobraban con la ampliación de la jornada por las tardes para el trabajo en quirófanos, que ahora se suspenden. Y es que al prolongar la Junta la jornada de 35 a 37,5 horas semanales, «esa actividad extra ya será ordinaria», lo que a su vez redundará en los salarios.

Las medidas, asegura Miguel Ángel Mangas, provocará también la salida de muchos profesionales y afirma que habrá «despidos del personal sanitario interino y contratado, también por el incremento del horario». La razón es que funciones que ahora realiza este personal eventual pasará a manos de los trabajadores fijos por tener una jornada más amplia. «Lo que se completará con una caída de la calidad asistencial, por lo que el tema es bastante complicado y bastante serio». Calcula que la repercusión económica en su sueldo será de unos 3.000 euros al año menos de ingresos, a lo que se une, insiste, la imposibilidad de efectuar horas extras en la jornada de tarde. «Por tanto, para el colectivo médico los efectos de la rebaja pueden ser incluso superior a los 3.000 euros anuales».